Víctimas de matrimonios forzados
“No se pueden poner en funcionamiento los recursos de atención integral de víctimas de violencia de género porque no están reconocidas como tal en nuestra legislación nacional”
Un estudio de la Federación Mujeres Progresistas concluye que las/os profesionales que trabajan con mujeres tienen miedo a detectar un caso de matrimonio forzado por desconocer cómo afrontar la intervención al carecer de recursos y por ser una problemática muy poco definida. Charlamos con Beatriz Lázaro, del Área de Violencia de Género, para abordar esta cuestión.
Septiembre de 2019
Cada dos segundos, una niña es obligada a casarse. Más de 140 millones de niñas en 2020 serán obligadas a contraer matrimonio forzado a edades tempranas. Es el panorama que plantea la organización Plan Internacional*, que trabaja en 69 países para favorecer la promoción de los derechos de la infancia, especialmente de las niñas, si la tendencia actual continúa. Se trata de un problema global, que también se produce en territorio español, al que no se ha prestado especial atención ni desde las instituciones públicas ni desde la sociedad en general.
En la medida en la que la ciudadanía es diversa, en nuestro país convivimos con graves problemáticas como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados**. “Cuando empecé en esto, y fruto de nuestra experiencia profesional, me di cuenta de que estas situaciones no están relacionadas con países concretos, sino con comunidades y tradiciones que cuando llegan se siguen manteniendo. Además, se trata de un problema complejo y controvertido porque se entra a valorar conceptos como el de consentimiento, que cuenta con una línea muy difusa entre el principio y el fin: ¿dónde está la libertad?, ¿cómo se coacciona desde la educación o las tradiciones?”, señala Beatriz Lázaro, trabajadora del Área de Violencia de Género de la Fundación Mujeres Progresistas.
Desde 2018 esta organización lidera el proyecto “No Acepto”, un estudio sobre la visibilización de los matrimonios forzados en España, con el objetivo de aproximarse a esta problemática a través de la mirada de las/os profesionales de entidades sociales que trabajan con mujeres en Madrid y Cataluña. “El punto de partida fue nuestra experiencia en el Área de Intervención de Violencia de Género de la Fundación. Nuestra sede está situada en el barrio de Lavapiés donde vive mucha población migrante y atendemos a mujeres que se acercan a nuestros recursos por ser víctimas de violencia. Al conocer sus historias de forma más concreta, nos hemos dado cuenta de que, aunque llegan para solicitar ayuda por violencia de género, muchas han sido víctimas también de matrimonios forzados y, en algunos casos, sus hijas están destinadas a volver al origen para casarlas o incluso a casarse en territorio español”, dice.
Matrimonio forzado y violencia de género
La Federación Mujeres Progresistas*** es una organización que trabaja desde los años 80 para promover el cambio de las estructuras sociales, económicas y culturales y lograr la equidad de género entre mujeres y hombres con una mirada feminista e intercultural. Aunque cuenta con presencia estatal, concentra su intervención con mujeres en Madrid. En ella trabaja en diferentes áreas un equipo interdisciplinar formado por una abogada, una psicóloga y trabajadoras sociales en el caso del Área de Intervención de Violencia de Género. En 2018 comenzaron a ejecutar este proyecto, financiado con cargo al 0,7% estatal, para comprobar en qué medida profesionales de Madrid y Cataluña detectaban esta problemática. “Quisimos empezar por Madrid porque es el espacio que conocemos y en el que trabajamos, pero nos interesaba mucho Cataluña porque, dentro de la regulación que existe, es una comunidad pionera en cuanto a avances. Se ha creado un protocolo junto con el cuerpo de los Mossos D´Esquadra y, lo más importante, dentro de la Ley Autonómica el matrimonio forzado queda reconocido como una forma de violencia de género”, subraya Lázaro, quien insiste en que de nada sirve si no se acompaña con medidas de acción específicas.
A partir de aquí, la FMP contactó con entidades sociales que trabajan con mujeres para empezar a abordar la temática del proyecto a través de sesiones de contraste. Y la realidad que manifestaron, de manera generalizada, fue demoledora: en Madrid, las/os profesionales tienen miedo a detectar un caso de matrimonio forzado por desconocer cómo afrontar la intervención al carecer de recursos y por ser una problemática muy poco definida. Dice Lázaro que existe un gran desconocimiento de la situación en las organizaciones lo que hace que el foco no esté puesto en esta problemática. “Hay una línea muy fina entre lo concertado y lo forzado que no se sabe bien cómo abordar”. Asegura que en Cataluña, aunque se continúan observando necesidades que abordar, se vieron resultados diferentes al contar con más estructura y tener una visión más concreta y clara del asunto.
En 2015, el Gobierno español asumió el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) asignando al matrimonio forzado la categoría de delito dentro de nuestra legislación. El problema común al detectar un caso de matrimonio forzado es de base: no se puede poner en funcionamiento ninguno de los recursos de atención integral cuando la mujer es víctima de violencia de género porque el matrimonio forzado no está reconocido como tal en nuestra legislación nacional. Es decir, estas mujeres quedan atrapadas dentro del sistema, un sistema que no permite derivarlas a recursos asistenciales porque no son consideradas víctimas de violencia. Por ello, la principal reivindicación que se plantea es el reconocimiento del matrimonio forzado como una forma real de violencia de género. “Algunas/os profesionales aseguran que es necesario que se modifique la Ley Integral y que todas las tipologías de violencias se contemplen. Otras/os abogan por leyes específicas para cada situación y tipo de violencia. Yo no sabría decir cuál es el mejor camino, pero sí que es urgente una misma protección y recursos para todas las violencias de género”, concluye Lázaro.
Continuación del proyecto: más estructura y mayor conocimiento
El documento nacido de este proyecto, No Acepto, está disponible en internet**** “Ahora, con un nuevo proyecto subvencionado, estamos construyendo una red de trabajo a nivel nacional que continúe abordando las necesidades y retos detectados a dos niveles: la generación de un plan de acción y la elaboración de una serie de pautas de actuación”. El plan de acción hará que se cree una red de funcionamiento estructurada para trabajar con planteamientos comunes, colaborar y construir a través de los aportes de cada profesional, más de 60 a día de hoy.
Por otra parte, se dispondrá de pequeños itinerarios formativos sobre temáticas concretas que intenten solucionar las necesidades detectadas por las/os profesionales en la primera parte del proyecto. El proyecto pretende seguir vivo. Si la financiación lo permite, el próximo año 2020 se desarrollará la tercera fase que consistirá en ampliar nuevas líneas de trabajo.
La responsabilidad, clave en la sensibilización y visibilización
El matrimonio forzado es fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de las/os niñas/os. Las consecuencias no son solo sociales o económicas, sino también físicas, psicológicas y emocionales e impactan de manera directa en el desarrollo personal y profesional de las mujeres que lo sufren. “Está pasando, está pasando aquí y no se aborda porque no es un problema visibilizado. Y como no está visibilizado no se concibe como un problema alarmante. Y para ello es imprescindible la responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Pero verlo será cuestión de tiempo”. A través del contacto que FMP mantiene con organizaciones que trabajan con adolescentes que llevan años aquí, se puede observar cómo estas chicas empiezan a cuestionarse y plantearse algo muy básico, y a la vez complejo, que tiene que ver directamente con su libertad: quieren empezar a tomar decisiones ahora para que su vida sea lo más parecida al futuro con el que sueñan.
* El aval de Plan Internacional en los proyectos que gestiona en más de 50 países y en ser miembro consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde 1981.
** Los matrimonios forzados son una práctica que existe en África, Oriente Medio, Asia y América Latina y en diferentes colectivos de etnia gitana. El fenómeno no se extiende a toda la población pero sí se llevan a cabo en determinadas comunidades de países como China, India, Pakistán, Turquía, Irán, Afganistán, Bangladesh, Irak, Marruecos, Senegal, Gambia, Níger, entre otros. En un contexto de globalización, multiculturalidad y migraciones, los matrimonios forzados también aparecen en Europa (Fuente: FMP)
*** https://fmujeresprogresistas.org/somos/mision-vision-valores/
****https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2018/03/NO-ACEPTO.-Aproximaci%C3%B3n-a-los-matrimonios-forzados-en-Espa%C3%B1a-INFORME.pdf