Aitor Oribe, Itaka Escolapios
Continuamente escuchamos que todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y que éstos, no deben verse alterados por las circunstancias económicas, políticas o sociales del momento histórico en el que se vive. Esto es algo que todas las personas tienen claro e incluso está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que en su aplicación no siempre se cumple.
En los últimos años, el colectivo de Jóvenes Extranjeros no Acompañados ha sufrido, en su itinerario de inserción social y laboral, infinidad de trabas, que en muchos casos han supuesto un muro tan alto y duro como el acero, siendo imposible superarlo. Dichas trabas, han venido desde diferentes direcciones y algunas instituciones, dificultando el acceso a la sanidad, la concesión y/o renovación del permiso de residencia, el acceso a cursos formativos, alquileres…y se han ido frustrando muchos de los itinerarios que estaban siendo muy exitosos hasta entonces. A continuación pasamos a detallar algunas de estas trabas:
- Hasta el año 2012 todas las personas tenían reconocida la Asistencia Médica Universal con su correspondiente TIS otorgada por la institución competente. A partir de ese año se decide retirar dicha asistencia a todas las personas que no tengan permiso de Residencia. En Euskadi se pone la condición de acreditar un año de empadronamiento para poder tener acceso a la asistencia, cobrándose la asistencia o directamente no atendiéndose los casos de las personas que no cumpla esta condición. Con esta medida, pasamos de una asistencia universal y gratuita a excluir a un colectivo extenso y variado de nuestra sociedad. Como consecuencia muchas personas tienen que contratar un seguro médico privado.
- Más o menos en torno al año 2013, el colectivo de Jóvenes Extranjeros no Acompañados, se ven obligados a entregar un Informe de Medios de Vida a la hora de solicitar o renovar el Permiso de Residencia que justifique 532,51 euros del IPREM, o incluso el 400% de esta cantidad. Estos informes son solamente admitidos si son realizados por la Diputación Foral de Bizkaia quedando excluidos los jóvenes que no tienen acceso a dicho informe. Hasta entonces valía con un informe social por parte de las entidades que trabajamos con los distintos jóvenes que certificase su esfuerzo de integración social y laboral.
- La reciente modificación de la normativa de la ley de educación ha excluido de los itinerarios de la Formación Profesional Básica a los jóvenes si no eran matriculados antes de los 18 años. Muchos de los jóvenes llegan a Euskadi con 17 años y llegan tarde a matricularse a dichos cursos dificultando su posterior inserción laboral. El esfuerzo de entidades de formación, está permitiendo desarrollar itinerarios formativos que sirvan de puente hasta encontrar un curso que permita una titulación del joven.
- Los jóvenes, al igual que el resto de la población que cumplía los requisitos, podían cobrar (las Ayudas para la Inserción Social, en la modalidad de individual y familiar)un par de ayudas de la DFB durante un periodo ilimitado en el tiempo. Esto permitía tener una cobertura mínima de las necesidades más básicas hasta tener acceso a la RGI. En torno al año 2013 se cambió la Orden Foral endureciendo los requisitos de acceso y limitando a 30 meses el total de duración que una persona puede percibir la AEIS. Actualmente nos encontramos jóvenes que no tienen ningún tipo de ayuda económica desde los 21 años hasta los 23.
Éstas y otras dificultades que encuentran los jóvenes en su proceso de inserción social, se convierten en tremendas barreras, que hacen imposible su acceso a oportunidades de incorporación activa a la sociedad.
Ante estas situaciones nos parece importante destacar la labor que se está realizando, tanto desde las entidades sociales como desde Harresiak Apurtuz para recoger todas estas vulneraciones de los derechos de los jóvenes.
Durante este último semestre se está procediendo a recoger la distinta casuística de los jóvenes de cara a realizar propuestas concretas que mejoren la situación de los mismos y para denunciar esta situación.
Debido a ello creemos que se debería atender correctamente a este colectivo y realizar una apuesta clara por ellos facilitando que las dificultades que tienen, puedan salvarse para lograr su plena integración social.
Es triste observar como un colectivo que lograba integrarse rápidamente en nuestra sociedad (de 2 a 4 años, en la mayoría de casos) y empezaba a repercutir al conjunto de la sociedad, tanto a nivel social (participación en el voluntariado, implicación en acciones por una sociedad más justa, competiciones deportivas, ocio y tiempo libre inclusivo…), como a nivel económico (Consumo-IVA, Trabajando-IRPF), ven frustrados sus sueños de integración social y laboral, a pesar de sus esfuerzos.
Las entidades sociales que acompañamos a este colectivo, sentimos que esta experiencia nos enriquece mutuamente a ambas partes y permite trabajar una concienciación de nuestro entorno que multiplica muchas campañas orquestadas y que van en dirección contraria a nuestra labor, conseguir que los esfuerzos humanos permitan romper los Muros de Acero.
Seguimos empeñados en abrir caminos por los que puedan transitar estos jóvenes.